Crisis de sustancia, Estado y Gobierno

Por LEON GUINSBURG º
(Gentileza de Causa Popular y Nacional)
Ante el crítico marco delictual argentino –Capital, conurbano, Córdoba, Tucumán y Mendoza en especial--, las falsas controversias se perpetúan en el contexto discursivo de los que pujan por la “mano dura” y los llamados “garantistas”. A su vez, según los posicionamientos, la división se extiende a “autoritarios” y “progresistas” y/o “derechistas” e “izquierdistas”. El bizantinismo abarca magistrados, fiscales, gobernantes, policías, legisladores, educadores y ciudadanos rasos, oficialistas y opositares, bajo el mismo cargo de boyar a la deriva de posibles soluciones pragmáticas o científicas, con más ánimo de esquivar el desafío, quizás con la falaz esperanza de que se trate de un ciclo pasajero que se solucionará con el paso del tiempo. Pocos son los que se animan a decir que la “colombianización” progresiva parte de una crisis de sustancia sufrida por todos los sectores a partir de modificaciones sustantivas de escalas de valor, promovidas desde los centros nacionales e internacionales de poder. Y que es consecuencia directa de un estado desertor administrado y desadministrado por gobiernos y oposiciones irresponsables, desidiosos, medrosos y poco imaginativos respecto al tema, además de contaminados de nichos delincuenciales que anidan en instituciones públicas, mantenidas por la propia sociedad victimada. Por alguna razón el ministro de la corte Zaffaroni declaró que no puede haber tráfico de drogas sin complicidad de un despacho oficial. Marginalidad y marginación Nadie finge ignorar la relación entre desigualdad social y delincuencia, aunque todos acuerdan con proponer fórmulas parcializadas, que no significan, en su conjunto, la solución integral para acabar con una crecida marginal cada vez más torrentosa, donde las aguas color mugre se tiñen con mayor frecuencia del color de la sangre, donde la vida humana se ha devaluado hasta lograr un precio de remate. La secuencia histórica que llevo a la exclusión social con pérdida de motivación vital se complementa con la otra secuencia, la de la postergación de soluciones drásticas, que convierten a la desidia política en actitud criminal. Los gobiernos hacen que el Estado incurra en los tipificados “abandono de persona” y “negligencia criminal”, elaborando planes inejecutables o minuciosos proyectos de lucimiento académico y poca efectividad práctica. Se produce una suerte de malversación de fondos sociales al no invertirlos en urgencias, o por no establecer prioridades congruentes para su distribución y uso. Se habla vagamente de la educación como si fuera la panacea, cuando la eficacia de la misma depende de estrategias selectivas para cada ámbito social. Sin planeamiento estratégico, coincidamos, la “educación” –o sus carencias-, se convierte en pretexto declamatorio o en señal de impotencia. Eso, sin contar con la degradación cualitativa de los ámbitos de capacitación docente. La dispersión y el ocaso Conviven -o confrontan-, en la Argentina varias centenas de ONGs dedicadas a los diferentes item marginales (drogadicción, mendicidad, delincuencia infantil o juvenil, delincuentes liberados, etc) que siguen el marco teórico marcado por cada fundador de cada una de ellas según su propia visión, sin la coordinación gubernamental a través de una estrategia de estado. Desde ámbitos idóneos del gobierno no hacen mucho para que acciones bienintencionadas no se neutralicen entre sí y no se dilapiden dineros (subsidios) que, por lo general, se distribuyen por “simpatía” o por el empuje de los gestores más que por necesidad racionalmente fundada conteste a estructuraciones oportunamente consideradas ejecutables. El permanente trasvasamiento de la marginación provocada por el sistema global nacido en los 70 y consagrado en los 90, a la marginalidad militante que corta el cordón umblical con los códigos de la comunidad organizada , a la que declara su enemiga, hace que la vida pierda su valor sagrado y todo objeto constituya botín de supervivencia. La muerte llega desde los niveles mas bajos, pero también de los de gran poder adquisitivo: traficantes de droga, tratantes de personas y especuladores financieros, entre otros. Sólo el Estado, a través de las regulaciones, llega a controlar la situación, y si bien puede ser desertor, anodino, discapacitado, sólo es porque los gobiernos que lo administran resultan ser perversos, estúpidos, poltrones, desidiosos, cleptómanos, irresponsables o criminales. Regular es crear seguridad legítima La famosa desregulación de Domingo Cavallo durante sus varias gestiónes fue la herramienta utilizada para que el Estado no controle a los cómplices de Cavallo que, manos libres, cometieron cantidad de tropelías. “Racionalizar el gasto público”, por otro lado, es el eufemismo utilizado por los grupos dominantes para inducir a que el Estado no esté lo suficientemente dotado de presupuesto y agentes que hagan contralor asegurando la aplicación de normas para la protección del pueblo frente al abuso de los que manejan los resortes del poder económico. Fue la bomba de tiempo que exacerbó la conformación de vastos núcleos delictivos, por esa realidad que marca que los resortes del colchón saltan de abajo hacia arriba. ¿O debemos confirmar la adaptación de que las contraculturas unidas jamás serán vencidas? El pueblo argentino pasa a ser, entre dos marginalidades, una rica y otra pobre, algo así como la mortadela de un trágico sánduche. Trágico porque un estado desarmado, Valente, incapaz, carece de fuerza para defenderlo. Y porque a una sociedad largamente compelida, le cuesta mucho desacralizar el individualismo predicada durante décadas. La insegura seguridad Contra el aumento de la criminalidad debe duplicarse el número de juzgados penales y correccionales con estructuras edilicias adecuadas, modificar los códigos procesales para deseternizar las causas, dotar a la policia de mayor personal psicofísicamente apto con instrucción adecuada y dignamente pago, cambiar el concepto de cárceles urbanas de alojamiento ocioso y hacinamiento por establecimientos de trabajo y educación rehabilitantes en areas rurales e industriales, previendo otro tipo de tratamiento y alojamiento para internos de categorías psicóticas y peligrosas. No fue afortunado proponer un piso de 14 años para considerar el “sujeto penal”. Si seguimos esa línea dentro de pocos años la edad podria ser de 7 u 8. Sólo la decidida actitud de los gobiernos hará que regenere el paisaje argentino a partir de la ética de la solidaridad, y a la vez, de la conducción efectiva, concreta y respetada de las políticas de Estado, las sociales y las otras. Porque obrar con energía cuando se necesita no es ser fascista, ni ser permisivo, ultralegalista, psicologista o pasivo convierte a alguien en progresista. Las falsas dicotomías abren brechas que impiden unidad de acción y pensamiento para concretar la construcción de una sociedad justa y cuidadosa de los derechos personales y sociales, y frustran la elaboración de la estrategia acertada, El Sector Social puede y debe –indiscutiblemente-, participar de y protagonizar la recuperación de la seguridad pública mediante el rescate de los sectores marginados y la recuperación por terapia de contención de los grupos marginales. Pero el Estado, ente rector que protagonizamos, es quien debe coordinar las fuerzas cívicas para que los esfuerzos del Sector Social no se diluyan inocuamente. La fase jurisprudencial del contexto debe enriquecerse, entendiendo que los estereotipos de ·”blandos” y “duros” distorsionan el sentido común que debe imperar en todo criterio judicial, especialmente en el que sienta doctrina. La no tolerancia de la introducción de cárteles extranjeros es parte del criterio sustancial de la protección de los derechos humanos de nuestros jóvenes y niños, como lo es evitar la convivencia de menores con padres delincuente, pero no destinar la calle a esos mores. Si la lucha contra el delito exige violencia, que sea ésta monopolio del Estado y esté correctamente dirigida, así se disipan los temores de gatillo fácil de la ministra Carmen Argibay y no se siguen guardando a niños en tenebrosos establecimientos donde los violan, le enseñan nuevas técnicas para delinquir, mercantilizan la droga, etc. aunque paradójicamente los regentee el Estado. Esos ninos no deben quedar guardados para “preservarlos del gatillo fácil “ sino ser soltados para que no los sigan pudriendo, pero a la vez cobijarlos bajo una política de contención e inclusión. Porque no se debe olvidar que si bien la marginación es hija de un sistema económico, la marginalidad es hija de los hijos de buena madre que administran ese sistema económico.