Inseguridad, sindicatos y caos.

Por Juan Manuel Pereira Benitez- Titular de la JP CAUSA POPULAR BROWN


Acabada la agenda sobre la ley de medios audiovisuales, en donde la inseguridad, la pobreza y la degradación de la república parecían ser simples anécdotas del pasado, estás cuestiones parecen haber “resucitado” como por arte de magia. Las denuncias constantes por parte de la oposición sobre el clima crispación deben hacerse eco en la sociedad, la crispación existe pero en un sentido inverso al que los voceros del stablishment señalan. No es casual, que un legítimo clima de conflicto social democrático, en donde distintos sectores de la comunidad nacional defienden y amplían sus intereses y prerrogativas, sean evidenciados por los medios de comunicación, como un caos que supera las posibilidades democráticas de contención. Esta operación de doble discurso, en donde dirigentes de la sub-izquierda financiada en forma espuria por sus aparatos universitarios y redes clientelares, sean presentados a la sociedad como mártires de la lucha contra un gobierno totalitario, mientras por derecha se le da aire a representantes de la farándula, de las corporaciones y de la oposición política, pidiendo mano dura, pena de muerte y demás métodos de criminalización de los sectores populares, es el camino electo por quienes plantean un escenario regresivo, reaccionario y neoliberal. Existe una operación constante de los sectores dominantes argentinos, en pos de destituir a un gobierno democráticamente electo, que goza de legitimidad de origen y ejercicio, ya que los resultados nacionales de la última elección lo colocan como la primera minoría nacional. Gobierno que ha demostrado en muchas ocasiones una autonomía relativa de los grupos de poder fácticos, llámense Sociedad Rural, Grupo Clarín, Coloquio Idea o Departamento de Estado de Norteamérica.

El debate sobre la inseguridad es un tema pendiente de ser discutido por todos los sectores, con un real sinceramiento de las posturas, no existe seguridad posible, si un fortalecimiento del Estado Derecho, la plena vigencia de los DDHH y de sujetos políticos democráticos. La inseguridad o la seguridad, así como la paz, son solo sensaciones sociales, lo que debemos discutir es el delito concreto, sus formas, sus diversificaciones y sus redes. Pero discutir el delito, significa discutir la totalidad del fenómeno, la evasión, la coima, el narcotráfico, los capitales rapaces, la entrega de la riqueza argentina, el trabajo informal, los contratos basura y cientos de temas que la agenda mediática y del stablishment no ponen sobre la mesa porque lesionan severamente sus intereses sectoriales. En Argentina, de cada 100 muertes provocadas en casos de asesinatos, solo 19 son antecedidas por un delito previo, como lo pueden ser el robo, el secuestro o la violación. La mayor cantidad de muertes “delictivas” son producto de riñas callejeras o interpersonales. El delito durante el año 2009 ha provocado 900 muertes, mientras que los accidentes de tránsito 9000, diez veces más. Deberíamos preguntarnos, si es más urgente una ley nacional de vialidad o la mano dura, porque comparando ambos fenómenos, por cada diez posibilidades de muerte que todos tenemos, una corresponde a la delincuencia y el resto al simple hecho de transitar la vía pública con un vehículo.

La oposición política por su parte, ha perdido total autonomía de los sectores dominantes, la feroz campaña del Acuerdo Cívico y Social en contra de los movimientos sociales, denunciándolos como posibles terroristas armados, es una muestra de un lopezreguismo escalofriante, las cartas enviadas por la señora Carrió a las embajadas imperialistas, las escuchas telefónicas del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, el accionar fascista de la UCEP, la búsqueda de un “mártir” y las amenazas de del PCR-CCC (que en su momento no se privó de apoyar terroristas de estado, golpistas y a la derecha agraria), enrarecen el clima de concordia que debería reinar en un país en plena reconstrucción luego de 30 años de desestructuración nacional.

Por otro lado, esta campaña destituyente utiliza la lenta transformación estructural de los métodos de organización del movimiento obrero, como herramienta de choque contra la legitimidad gubernamental. La actual legislación es tributaria del proyecto sindical del primer peronismo, en donde el sindicato único por rama y el aparato de masas eran un ideal cristalizado en una estructura social progresiva, en donde la justicia social y el desarrollo económico eran un hecho. Hoy la sociedad ha cambiado, la estructura social es otra y la legislación se debe aggiornar. Sin embargo, esto no significa una pelea entre lógicas morales o ideológicas, entre el peronismo o la izquierda, ya que los gremios enrolados en el MTA en los 90´s hoy dentro de la CGT, han tenido políticas de contención, canalización y resolución de conflictos, así como también grandes luchas triunfantes, camioneros, empleados del peaje, la federación gráfica bonaerense, taxistas, o el sindicato de dragado y balizamiento, son claros ejemplos, así como la conformación de nuevos sindicatos de conducción peronista, como el nuevo gremio de la construcción. El conflicto de subtes, responde a la misma lógica, nuevas representaciones ante viejas estructuras que no supieron canalizar el conflicto, independientemente de la matriz ideológica de su conducción, tal como lo plantea la CTA. El sindicato único por rama y la comisión interna son ideales a los cuales no debemos renunciar, pero la actualización de la legislación laboral, desde la asociaciones profesionales hasta la ley de contrato de trabajo, es un debate impostergable.

Ante esta campaña sucia destituyente y golpista, nos comprometemos a redoblar nuestra militancia, nos comprometemos a defender este proyecto nacional y popular hasta las últimas consecuencias, en el camino de la democracia, la república, el compromiso y la movilización, porque SOLO EL PUEBLO SALVARÁ AL PUEBLO Y DIOS SABE QUE SERÁ PRONTO.