Por Nicolás Durán- JP CAUSA POPULAR BROWN
Para abordar un estudio sobre el tema de la distribución de la tierra en Argentina e incluso en toda latinoamérica es necesario con antelación hacer una breve alusión a la lucha de dos modelos que se mantuvieron en constante puja desde los albores de nuestras jovenes naciones. Al ser mi conocimiento general del continente limitado o insuficiente para realizar un analisis completo de la región voy a centrarme específicamente en nuestro país que es por lo pronto nuestro campo de acción. En Argentina podemos observar como la lucha de esos dos modelos se manifiestan desde la Revolución de Mayo en el enfrentamiento de dos corrientes que encontraron como sus principales promotores al entonces Presidente de la Primera Junta Cornelio Saavedra y el jóven secretario de la misma, el jacobino Mariano Moreno. El programa que este último postulaba se resumía en su obra clave, el llamado "Plan de Operaciones para la Revolución", en donde indicaba los puntos centrales para el desarrolllo nacional. En dicho plan no sólo se expresaba a favor de un modelo industrialista y moderno sino sumamente progresista, fue allí donde aparece el primer promotor de la reforma agraria en nuestro país quien planteaba el reconocimiento del derecho de los nativos sobre las tierras y una equitativa distriución de la misma entre la población. Sin embargo, la oposición encarnizada de Saavedra y sus aliados llevó a Moreno y a sus seguidores más cercanos al exilio o la muerte. La bandera de la misma lucha pasó por distintas manos durante los próximos cuarenta años hasta su derrota en la Batalla de Caseros en 1852, hecho histórico que significó la consolidación del modelo conservador, plasmado jurídicamente en la Constitución de 1853 y luego por más de medio siglo de gobiernos conservadores. Los ganadores de la Guerra Civil en Argentina promovieron un modelo de dependencia de los productos manufacturados extranjeros y exportador de materias primas sin ningún valor agregado, el fraude político en las urnas y la concentración económica en una elite ligada a la producción agrícola ganadera. Fueron las épocas en las que nuestro país se pensaba como el "granero del mundo", confiado en la fortaleza del modelo agroexportador y movido por el interés de lucro de las elites ganaderas. Pero el gran sueño que la oligarquía argentina sostenía demostró no ser tan sólido con la llegada de las guerras mundiales y las primeras crisis capitalistas, viendose obligada a sustituir importaciones y a empezar a discutir el poder político con las primeras corrientes nacionales progresistas, representadas por el socialismo y el radicalismo, partidos políticos que en su nacimiento traían en su seno a las primeras expresiones de derechos humanos, los derechos civiles y políticos. Sin embargo no fue hasta el gobierno de Perón cuando su poderío corrió serio peligro, la sanción del Estatuto del Peón Rural, la implementación de un modelo nacional y popular que reconocía los nacientes derechos económicos, sociales y culturales, la creación del IAPI, todos fueron acontecimientos que alarmaron a los hasta entonces invencibles "señores del campo". Hasta entonces la concentración y el rédito económico en torno a la tierra se había mantenido idemne de toda intervención estatal, habiendo encontrado en el Estado a un socio y un títere más que un ente de control, llevando a cabo actos grotescos y avergonzantes como fue la conquista del desierto. Fue así que en 1944, en la Sociedad Rural se afirmaba "Este Estatuto no hará más que sembrar el germen del desorden social al inculcar en la gente de limitada cultura aspiraciones ilimitadas [...] pretende colocar al jornalero sobre el mismo patrón en comodidades y remuneraciones”. La Memoria de 1970 afirma: “El trabajador es acreedor a un salario digno pero nos oponemos a cualquier régimen que implique participación y cogestión”. La historia de la última mitad del siglo veinte nos muestra como este movimiento nacional y polpular que encuentra su primera expresión en el General Perón es silenciado a través de constantes golpes militares y como las generaciones de posguerra que tomaron nuevamente la idea de una reforma agraria fueron obligadas al exilio o la muerte. En los poco más de doscientos años de vida de nuestro país se puede observar la lucha de los dos mismos modelos con diferente variantes históricas y generacionales pero que resumen en el seno de esta dualidad el enfrentamiento entre un gran movimiento nacional y popular que encontró a diferentes líderes a lo largo de la historia y, por el otro lado, a los representantes del establishment y de la concentración económica, de ideales conservadores y confiados en un fervor católico y fascista que los llevo a silenciar a cualquiera que pusiese sus intereses en riesgo. Estos "señores del campo", quienes se creen verdaderos dueños de este país y compraron sus derechos con plata y sangre, son los mismos que protestaban en las rutas pidiendo la desaparición de las retenciones, los mismo que envolvieron a Mariano Moreno en una bandera inglesa y lo arrojaron muerto al mar, los mismos...los mismos...los mismos...¿es necesario que siga?. Nuevamente encontramos en un discurso en la Sociedad Rural en 1981: “Cuando por aplicación de los mecanismos constitucionales [...] se llega a situaciones que ponen en peligro la existencia misma de la nación, es evidente que estos mecanismos son endebles”. Así se justifica el golpe de Estado de 1976, que “puso fin a una democracia débil, falsa, inauténtica, ineficiente”.Esta lucha entre dos modelos no es propia de nuestro país nada más sino que encuentra su razón de ser en un proceso de cambios a nivel mundial en el siglo XIX en el que los países encontraban su lugar en el globo asumiendo un rol en la división internacional del trabajo, eligiendo entre formar parte de la periferia productora de materias primas o las industrializadas metrópolis. Fue el tiempo de la llamado "segunda ola" que Alvin Toffler define como el gran enfrentamiento entre el modelo industrialista y el agroexportador, ambos con todas sus derivaciones locales claro esta. Si observamos en este sentido la historia a nivel mundial vemos como Estados Unidos pasó por el mismo proceso que la Argentina, la única diferencia fue que en dicho país la guerra civil fue ganada por las corrientes industralizadoras y no por el sur agrícola. La lucha histórica se mantine hoy más vigente que nunca pero como una cuenta pendiente para nuestro pueblo, la de luchar verdaderamente por su independencia y por una distribución justa de su ingreso.Habiendo considerado los hechos históricos de manera superficial ya es momento de hablar de la correlación jurídica que los mismos fueron generando y las posibilidades de fundamentar un cambio en ese sentido. La Constitución de 1853 surge como una imitación de la norteamericana y resulta ser un monumento a la propiedad privada a la que coloca en un pedestal. Su artículo diecisite comienza diciendo: "La propiedad privada es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley". Este comienzo resulta ser no muy alentador, sin embargo el mismo artículo continúa: "La expropiación por causa de utilidad pública , debe ser calificada por ley y previamente idemnizada". Este resulta ser un elemento novedoso pero no es suficiente para justificar una reforma agraria masiva en Argentina, si tenemos en cuenta esto y el contexto histórico en el que la lucha se desenvolvió hasta el momento podemos llegar a la conclusión de que despues de 1853 ninguna corriente social tuvo los elementos suficientes para impulsar dicha reforma debido a la solidez juridica y política que ostentaba el modelo oligarquico. Las generaciones de los sesenta y setenta a pesar de haber propuesto un cambio en esta dirección no contaban siquiera con los elementos institucionales para realizar las reformas pretendidas siendo la revolución la única alternativa posible sin llegar a una reforma constitucional. Sin embargo, durante los últimas décadas de gobierno conservador que se sucedieron desde la dictadura hubo un hecho de gran relevancia jurídica que puede cambiar la dirección de las cosas, la aparición de un elemento jurídico con el que las generaciones del pasado no contaban y que curiosamente fue convalidado durante pleno gobierno de un prócer de la oligarquía sin tener en cuenta las consecuencias que podría a ocasionar de caer en manos de un gobierno progesista, me estoy refiriendo a la incorporación constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos en la reforma de la Carta Magna en 1994 durante el gobierno de Menem. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales al que Argentina le confirió jerarquía constitucional dice en su artículo once: "Art. 11.- 1) Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.2) Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos programas concretos, que se necesiten para:a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la REFORMA DE LOS REGÍMENES AGRARIOS de modo que se logre la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales;b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como a los que los exportan. "Aquí aparece el elemento faltante en el ámbito jurídico que si se conjuga con el mencionado artículo 17 de la constitución original puede resultar en la fundamentación jurídicamente necesaria para llevar a cabo una reforma agraria, justamente basándola el el derecho humano a la alimentación contenido en el Pacto. Esta es una herramienta con la que las generaciones pasadas no contaron pero a su ves una posibilidad que jamás fue vislumbrada puesto que desde 1994 ningún gobierno contenía dentro de su programa políticas distribucionistas de la riqueza, ni Menem, ni Duhalde, ni De la Rúa podrían haber llegado a pensar cómo hacer una reforma agraria. Incluso en la actualidad el proyecto que desde Mariano Moreno busca su anhelada ejecución se encuentra dormido, simplemente no esta instalado en el imaginario político progresista como sí lo estaba en los setenta. Cuando consulte esta teoría jurídica con profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires los mismos corroboraron la tesis, en nuestro país ya no existe ningún obstáculo jurídico para realizar una reforma agraria, la simple oposición de dichos artículos faculta a cualquier gobierno a llevarla adelante. Sin embargo, el problema sigue siendo político, el movimiento nacional y popular se encuentra nuevamente en retirada y las posibilidades de avance son dificiles. Hace un año que trabajo en este proyecto, este es una pequeña parte de las conclusiones a las que llegue a la cual sumaré nuevas en el futuro próximo, me encantaría recibir sus comentarios y opiniones, prometo explayarme más sobre el derecho a la alimentación, tema que me apasiona y las posibilidades políticas reales de llevar a cabo esta reforma, cuestión que les adelanto, veo plenamente factible aún en las condiciones actuales en que se encuentran las fuerzas en oposición, las revoluciones verdaderas no esperan un momento propicio para ser ejecutadas, se gestan o no se gestan, y si es la verdadera voluntad del pueblo la consagración de sus designios nunca va encontrar otra cosa en su camino más que la victoria.
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